Economía solidaria

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La economía solidaria en los textos legislativos de América del Sur

Para efectos de la presente ley denomínase Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. (Ley 454 de economía solidaria de Colombia).

Son emprendimientos de la economía solidaria las cooperativas, asociaciones y empresas de autogestión que cumplen con los siguientes requisitos: 
  • I - que sean organizados bajo los principios de la cooperación, la solidaridad, la autogestión, la sustentabilidad económica y ambiental y la valorización del ser humano y del trabajo;
  • II cuyos patrimonios y resultados obtenidos sean revertidos para la mejora y sustentabilidad del emprendimiento y distribuidos entre sus asociados;
  • III - que tengan por instancia máxima de deliberación la asamblea general periódica de sus asociados y por instancias intermedias aquellas que garantizan la participación directa de los asociados de acuerdo a las características de cada emprendimiento;
  • IV que adopten sistemas de prestación de cuentas detalladas;
  • V cuyos asociados sean sus trabajadores, productores o usuarios;
  • VI - que tengan como principios la organización colectiva de la producción y comercialización; VII - que las condiciones de trabajo sean saludables y seguras;
  • VIII - que respeten la protección del medio ambiente y todas las formas de vida; IX - que respeten la equidad de género y raza;
  • X - que respeten la no utilización de mano de obra infantil;
  • XI - que utilicen una práctica de precios justos, sin maximización de lucro ni búsqueda de acumulación de capital;
  • XII - que tengan un número máximo de 100 (cien) asociados, siendo que la participación de trabajadores y trabajadoras no socios esté limitado al 10% (diez por ciento);
  • XIII cuya mayor remuneración, con base en el trabajo, no sea superior a 6 (seis) veces la menor remuneración.

(Ley 8256 del Estado de Espíritu Santo, Brasil).